El enfrentamiento entre anarquistas y comunistas en Barcelona
Un episodio de especial relevancia en la evolución interna del bando republicano durante la Guerra Civil Española fueron los enfrentamientos desarrollados entre el 3 y el 8 de mayo de 1937 en Barcelona y otras localidades catalanas. Estos sucesos, conocidos como los “Hechos de Mayo”, pusieron de manifiesto la profunda fractura ideológica y estratégica existente en el seno del campo republicano. En esencia, se enfrentaban dos concepciones antagónicas: por un lado, quienes defendían la continuidad y profundización del proceso revolucionario iniciado tras el golpe de julio de 1936; por otro, quienes consideraban prioritario restaurar la legalidad republicana y reforzar la centralización del poder como condición indispensable para asegurar la victoria frente al fascismo.
En el primer bloque se situaban la Confederación Nacional del Trabajo (CNT-FAI) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Ambas organizaciones defendían la consolidación de la revolución obrera y campesina mediante el fortalecimiento de los comités de trabajadores y la colectivización de los medios de producción. El POUM, fundado en 1935 por Andreu Nin y Joaquín Maurín, sostenía una línea marxista heterodoxa, crítica con el estalinismo dominante en la Internacional Comunista y cercana en determinados planteamientos a posiciones libertarias.
En el segundo bloque destacaba el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), de orientación estalinista, que defendía la subordinación de la revolución social a la necesidad estratégica de preservar la unidad antifascista. Esta posición implicaba la colaboración con otras fuerzas republicanas, como el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, así como con formaciones catalanas como Esquerra Republicana de Catalunya y Estat Català. Paralelamente, se apostaba por el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y la progresiva consolidación del Ejército regular en detrimento de las milicias de carácter revolucionario.
En Cataluña, la implantación anarquista era considerablemente superior a la comunista. Durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado de julio de 1936, la CNT-FAI ejerció un control efectivo sobre amplios espacios de poder, impulsando colectivizaciones industriales y agrarias, organizando comités obreros y campesinos y estructurando milicias populares. Sin embargo, a finales de 1936 y comienzos de 1937, el gobierno republicano inició un proceso de recuperación del control institucional. Se frenaron las colectivizaciones más radicales, se integraron las milicias en el recién creado Ejército Popular y se intentó limitar la autonomía de los comités revolucionarios. Este proceso de recentralización incrementó de manera progresiva la tensión política y social, especialmente en Barcelona.
El conflicto estalló abiertamente en mayo de 1937. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, solicitó el apoyo del gobierno central presidido por Francisco Largo Caballero, que envió desde Valencia aproximadamente 5.000 guardias de asalto con el objetivo de restablecer el orden. El 7 de mayo estas fuerzas llegaron a Barcelona y, con el apoyo de militantes del PSUC, ERC y Estat Català, lograron imponerse a la resistencia de la CNT y del POUM. El balance final de los enfrentamientos —estimado entre 500 y 1.000 muertos— da cuenta de la magnitud de la crisis interna que atravesaba la República.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El PSUC aprovechó la coyuntura para intensificar la presión sobre el gobierno central y, ante la negativa a ilegalizar el POUM, Largo Caballero presentó su dimisión. El 17 de mayo se constituyó un nuevo ejecutivo presidido por Juan Negrín, más próximo a las posiciones comunistas. Poco después, el POUM fue declarado ilegal bajo la acusación de colaboración con el fascismo. Sus militantes fueron detenidos o forzados a la clandestinidad, sus bienes confiscados y sus milicias disueltas.
En este contexto represivo fue detenido Andreu Nin, trasladado a Madrid, sometido a torturas por agentes vinculados a los servicios soviéticos y finalmente asesinado el 22 de junio de 1937. Su desaparición simbolizó no solo la derrota del POUM, sino también el triunfo de la línea comunista ortodoxa en el seno de la República, con profundas repercusiones políticas, estratégicas y morales para el desarrollo posterior de la guerra.
